July 3rd, 1997
(In English)
Gland, Suiza. El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) hizo hoy un llamado al gobierno ecuatoriano para que
garantice
que la nueva ley, que regulará el manejo de las Islas Galápagos, se apruebe pronto a fin de enfrentar la gran variedad de problemas que afectan la
biología e
historia natural de este importante archipiélago.
WWF, organización conservacionista internacional, emitió esta declaración al tiempo que publicaba el primero de una nueva serie de reportes anuales,
teniendo éste como tema efectos humanos y las necesarias actividades de conservación en las Galápagos.
"Reporte Galápagos" fue producido por WWF en colaboración con su asociada en Ecuador, Fundación Natura, y examina los diferentes problemas que afectan a
las personas y vida silvestre que habitan estas islas: migración de humanos al archipiélago, producción de basura, su recolección y reciclaje, pesca
ilegal
y la introducción de especies exóticas como cabras, cochinos y perros.
"Luego de leer el reporte, la conclusión más importante a la que podemos llegar es que se hace muy necesario poner bajo control los impactos negativos que
una masiva influencia de personas está teniendo sobre los ecosistemas del lugar", dijo Miguel Pellerano, coordinador del Programa Galápagos de WWF. "Para
que esto ocurra, obviamente, es necesario que las autoridades establezcan un marco legal muy definido que muestre lo que la gente puede hacer o no en las
islas y sus alrededores".
De acuerdo al reporte, la tasa de crecimiento poblacional en las Galápagos era de un seis por ciento entre 1982 y 1990, cuatro puntos más que en el resto
de Ecuador. Aunque las familias que viven en las islas suelen ahora tener menos hijos (3,5 por cada casa en 1990, en comparación con los 3,7 que tenían en
1982), la población humana en el archipiélago se ha incrementado significativamente al pasar de seis mil personas en el 82 a más de 16 mil en 1996. El
crecimiento se debe principalmente al arribo de nuevas personas procedentes del continente.
Este incremento ha creado problemas para la ya limitada estructura de servicios públicos disponible para los galapagueños. Por ejemplo, aunque los centros
de salud del archipiélagos son mejores que en cualquier otra parte de Ecuador, la calidad de los mismos se ha deteriorado seriamente. El número de camas
de
hospital disponibles por cada mil habitantes decayó de tres a dos entre 1986 y 1995, y el número de doctores por cada mil personas también bajó, entre
1983
y 1993, de 22 a 15 galenos.
Otros servicios, que también son básicos, están en problemas. Cerca de dos mil 375 toneladas de basura son recogidas cada año en Puerto Ayora, sólo para
ser tiradas y quemadas en los vertederos -situados a sólo cuatro kilómetros del puerto- sin ningún tipo de sistema de reciclaje. El botadero de basura,
además, se encuentra muy cercano a fuentes de agua dulce.
Tampoco sorprende que en una encuesta realizada en Puerto Ayora en 1986, el 80% de los habitantes de la localidad haya estado a favor de prohibir la
entrada de nuevos inmigrantes.
"Pero los controles para evitar esto no se podrán poner en práctica de manera adecuada, mientras las autoridades legislativas no resuelvan apropiadamente
las ambigüedades legales que existen en la actualidad", explica Pellerano. "La Constitución ecuatoriana reconoce que las Galápagos deben tener un régimen
de administración especial a fin de garantizar su conservación. No obstante, este precepto constitucional no ha sido posible implementarlo debido a la
ausencia de acuerdos acerca de cuál podría ser la legislación adecuada para las islas".
Durante los dos últimos años, dos borradores distintos de una ley fueron vetados por los gobiernos de Sixto Durán Ballén y el depuesto Abdalá Bucarán.
Estos se realizaron, en parte, por el desacuerdo que hubo acerca de qué nivel gubernamental tendría la autoridad para decidir el futuro de las islas. "Es
una situación muy delicada -dice Pellerano- porque Galápagos es, al mismo tiempo, un provincia de Ecuador, donde la gente tiene la libertad de ir y
asentarse, y una de las áreas protegidas más vulnerables de ese país. Esta es precisamente la doble personalidad que necesita ser reconciliada por las
autoridades legislativas".
El pasado abril, el incremento en los reportes de incidentes de pesca ilegal y los disparos que hirieron al guardaparque Julio López durante un
patrullaje,
obligaron al nuevo gobierno de Fabián Alarcón a decretar la prohibición de nuevas migraciones a las islas, así como también la pesca no artesanal. Además,
el decreto le daba 60 días al Ministerio de Ambiente para presentar al Congreso el borrador de una nueva ley especial que tomara en consideración todos
los
intereses allí envueltos.
"Tal y como sucede en muchas áreas protegidas alrededor del mundo, el desafío principal para las autoridades ecuatorianas es conciliar las necesidades
humanas de los pobladores de las Galápagos con la urgente conservación que necesita el área", asegura Pellerano. "Sus escenarios, únicos en el mundo, y
las
especies silvestres que allí se encuentran fueron visitadas por más de 60 mil personas en 1996, cosa que refuerza la idea de que el archipiélago es un
gran
recurso para Ecuador. pero ese recurso necesita ser tratado con cuidado, con la conciencia de saber cuáles son los límites de la Naturaleza en el lugar.
Esta es la razón por la cual es tan importante sacar a las Islas Galápagos de este callejón sin salida en que se encuentra desde el punto de vista legal.
(Traducción: Juan Ignacio Cortiñas S. FUDENA)
FIN
Para mayor información, puede contactar a:
Irma Larrea y Miguel Pellerano, de Fundación Natura, Quito, Ecuador, por los siguientes
teléfonos:
+593 2 447 922, 457 253, 435 797, 466 992, 466 993 y 466 081.
Fax: +593 2 434 449.
E-mail: ilarrea@natura.ecx.ec
mpellera@uio.satnet.net
O a:
Javier Arreaza, de WWF internacional, Gland Suiza, tel: +41 22 364 9550, fax: +41 22 364 8307, e-mail: jarreaza@wwfnet.org